Piden la dimisión de la "defensora" del pueblo de Venezuela por justificar que se torture a un detenido para obtener una confesión. Por lo visto, el gobierno venezolano distingue entre la tortura útil y la tortura recreativa.
El artículo I de la Convención contra la Tortura de la ONU establece: "se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia."
Claro que no hacía falta irse a mirar las convenciones de Derechos Humanos. Es evidente que esta señora y el gobierno al que pertenece tienen un problema mental.
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