Un centenar de médicos gallegos y más de cincuenta médicos valencianos objetan del decreto sobre asistencia sanitaria a inmigrantes que obliga a los sin papeles a pagar más de 700 euros al año para ser atendidos.
Excepto para urgencias, claro. Luego se les llenará la boca diciendo que los inmigrantes nos saturan las urgencias.
Actualización: Parece que Catalunya, Andalucía y la ONG Cáritas se suman a la objeción. Bien por ellas.
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